La basura inunda las calles de Iquitos.Las cerca de más o menos 200 toneladas de deshechos que produce diariamente Iquitos se están volviendo un problema político, logístico, de ornato y fundamentalmente de salud. El apresuramiento, inmadurez, poco criterio o equivocado manejo de la administración municipal están llevando a un estado caótico a esta ciudad luego de una decisión adoptada por la Corte Superior de Justicia de Loreto que admitió una demanda sobre el cierre del botadero municipal que funciona en la entrada de la carretera que lleva desde Iquitos a Nauta.
El alcalde Salomón Abensur Díaz ha reaccionado frente a la decisión judicial con una pantomima o un remedo de protesta y de forma abierta o asolapada mandó a la calle a trabajadores de la empresa contratada para el recojo de basura y a los mismos obreros municipales para apostarse frente a Palacio de Justicia para que sean ellos los que pidan se revoque la decisión. Salvo que mi interpretación o presunción de los hechos esté fuera de lo cierto. Una presión insensata e ilegal que el alcalde sabe que debe resolverse con una apelación a instancias judiciales y no con el sacrificio al que somete a humildes trabajadores.
Lo que parece ser una rabieta infantil pone en grave riesgo la salud ambiental de la población de Iquitos y de los distritos de la metrópoli de la capital loretana. Se podrá pensar que con este tipo de medidas se puede poner fin a la controversia?. No, sencillamente no. No se puede ni se debe subestimar la inteligencia de la población intentando confundir las competencias de los organismos del Estado. Mientras que por un lado están los Gobiernos Locales que son los que administran la ciudad bajo normas legales que señalan sus obligaciones y sus derechos corporativos, por otro está el Poder Judicial que administra justicia; en ambos casos las administraciones pueden ser buenas o malas, pero hay que respetarlas.
Tras un fallo hay otras instancias donde existen posibilidades de revertir las razones; así es la justicia y eso lo sabe el alcalde Abensur Díaz y si no sabe hay abogados en su entorno que pueden explicarle con meridiana claridad qué es lo que se debe hacer frente a un cuadro judicial de estas características. Particularmente no estoy de acuerdo con la posición protestante del burgomaestre iquiteño, tampoco con la decisión judicial. Sí estoy del lado que el botadero municipal deba ser reabierto pero con la toma de medidas de prevención de la contaminación ambiental y que éstas no afecten la ecología de la zona y fundamentalmente la salud de la población.
La acumulación diaria de 200 toneladas de basura dispersas en las calles y viviendas de la ciudad no es una buena forma de protestar. Si el alcalde desea manifestarse contrario a la decisión judicial debe utilizar los recursos que la Ley y la Constitución le otorgan como ciudadano o autoridad que representa a la ciudad y no poner como entrecuerpo la integridad de los vecinos, su salud, el ornato y el buen nombre de la urbe. Una actitud de este tipo no parecer ser en contra la decisión judicial sino que semeja una represalia contra el vecino, quien no es culpable del desconocimiento de la Ley de sus autoridades municipales.
Finalmente una reflexión: Si de hacer política se trata, los gobernantes deben actuar con responsabilidad e inteligencia, utilizando gestiones válidas y legales. Hacer política desde el gobierno es actuar con responsabilidad y respeto a la población que los eligió.