La institución universitaria tiene un compromiso importante con la sociedad del país. Su responsabilidad va más allá de la simple formación académica; en ese sentido le corresponde asumir un rol formador, pero con calidad para que los nuevos profesionales respondan solventemente ante los retos, que no son del futuro sino que son una actividad del presente, de los actuales momentos, que son entregar al Perú profesionales altamente competitivos que conduzcan los ejes socio-económicos y financieros del país en medio de un mundo globalizado tan exigente como es el actual.
Por ejemplo, esto quiere decir que un profesional que salga de las aulas universitarias en la capital loretana, no será un ciudadano únicamente al servicio de Iquitos, sino que debe estar en condiciones de responder con eficiencia y conocimientos en cualquier escenario del mundo.
Esa responsabilidad no es una carga que solamente alcanza a la universidad estatal o nacional, o como se quiera llamarla; sino que es un papel que también le cae en la mano a la universidad privada, eje alterno de la formación académico-profesional en el Perú. En ese sentido del camino, el Estado es muy responsable del orden administrativo y judicial para el funcionamiento de las universidades. Le corresponde salvaguardar las normas y la rectitud de la Ley.
En Loreto la Universidad Particular de Iquitos es una pieza importante en el desarrollo funcional de las tareas de formación de profesionales. Pero para nadie es ajeno que sus problemas afectan de alguna manera a la sociedad universitaria, principalmente en la Amazonía. Quiebra el sentido de la credibilidad como consecuencia de una innecesaria puesta en discusión de la legalidad de su funcionamiento.
Lo cierto que la Universidad Particular de Iquitos tiene dos facciones. Infelizmente es así, tal como lo admitieron sus rectores Belarmino Vela Paredes, de la UPI de Av. Grau, e Íbico Rojas Rojas del local de Abelardo Quiñones. Cada uno tiene sus argumentos para sustentar su legalidad y defender su legitimidad. Pero la verdad es única, no existe una que sea verdad y haya sido dicha a medias, o una verdad que valga la mitad. La verdad es única, tanto como la matemática que es exacta.
Belarmino Vela que es la autoridad elegida por una asamblea universitaria, conformada por representantes aparentemente en un número muy grande, pero quiérase o no la cifra es exigida en apego a lo que mandan las normas que contempla la Ley Universitaria; esta facción representa a los propietarios de la institución, a sus creadores, a su promotora que es la Asociación Cultural Oriente Peruano (ACOP), la misma que logró su creación por Ley del Congreso de la República el 29 de mayo de 1990.
Íbico Rojas defiende su vigencia con una elección surgida de una asamblea conformada con un número que no corresponde a lo mandado por la Ley y su reglamento, cuyo resultado fue presentado a la Asamblea Nacional de Rectores, cuyas siglas son ANR (para mayor ilustración) que no lo reconoce por mandato pleno de sus asambleístas sino que a través de una resolución emitida por el presidente Francisco Delgado de la Flor, fuera de sus facultades. Situación irregular y al margen de la Ley.
La controversia está dada, la verdad se sostiene en Leyes que el Estado es responsable de administrar correctamente y mediante ellas servir adecuadamente el desarrollo de la sociedad peruana. Las instituciones que conducen los Poderes públicos tienen en sus manos la gran responsabilidad de zanjar de una vez por todas las diferencias que mantienen en el limbo la salud social en Loreto y para que se pongan en marcha estas definiciones lo que se debe hacer es solamente revisar lo que está normado y aplicar sin miramientos de complacencia política ni amiguismos.
Sin embargo está aplicación de la normatividad vigente, no debe ser cuestión de solución del problema simplemente sino que seguir con una profilaxia que deje fuera del camino a quienes alentados por fortalecer sus intereses particulares de todo tipo, siguen alimentando instituciones públicas con corrupción desde la ANR o cualquier Poder del Estado.
Lo cierto en todo esto, que frente a la confusión que genera esta controversia, la UPI necesita sanear su imagen para el beneficio directo de miles de jóvenes que concurren diariamente a sus aulas y de sus padres que son los que aportan económicamente en la formación académica de sus hijos. En esto, el Estado tiene un papel importante que cumplir que es el de definir este tema, actuar con la verdad y con respeto a la sociedad.
Por ejemplo, esto quiere decir que un profesional que salga de las aulas universitarias en la capital loretana, no será un ciudadano únicamente al servicio de Iquitos, sino que debe estar en condiciones de responder con eficiencia y conocimientos en cualquier escenario del mundo.
Esa responsabilidad no es una carga que solamente alcanza a la universidad estatal o nacional, o como se quiera llamarla; sino que es un papel que también le cae en la mano a la universidad privada, eje alterno de la formación académico-profesional en el Perú. En ese sentido del camino, el Estado es muy responsable del orden administrativo y judicial para el funcionamiento de las universidades. Le corresponde salvaguardar las normas y la rectitud de la Ley.
En Loreto la Universidad Particular de Iquitos es una pieza importante en el desarrollo funcional de las tareas de formación de profesionales. Pero para nadie es ajeno que sus problemas afectan de alguna manera a la sociedad universitaria, principalmente en la Amazonía. Quiebra el sentido de la credibilidad como consecuencia de una innecesaria puesta en discusión de la legalidad de su funcionamiento.
Lo cierto que la Universidad Particular de Iquitos tiene dos facciones. Infelizmente es así, tal como lo admitieron sus rectores Belarmino Vela Paredes, de la UPI de Av. Grau, e Íbico Rojas Rojas del local de Abelardo Quiñones. Cada uno tiene sus argumentos para sustentar su legalidad y defender su legitimidad. Pero la verdad es única, no existe una que sea verdad y haya sido dicha a medias, o una verdad que valga la mitad. La verdad es única, tanto como la matemática que es exacta.
Belarmino Vela que es la autoridad elegida por una asamblea universitaria, conformada por representantes aparentemente en un número muy grande, pero quiérase o no la cifra es exigida en apego a lo que mandan las normas que contempla la Ley Universitaria; esta facción representa a los propietarios de la institución, a sus creadores, a su promotora que es la Asociación Cultural Oriente Peruano (ACOP), la misma que logró su creación por Ley del Congreso de la República el 29 de mayo de 1990.
Íbico Rojas defiende su vigencia con una elección surgida de una asamblea conformada con un número que no corresponde a lo mandado por la Ley y su reglamento, cuyo resultado fue presentado a la Asamblea Nacional de Rectores, cuyas siglas son ANR (para mayor ilustración) que no lo reconoce por mandato pleno de sus asambleístas sino que a través de una resolución emitida por el presidente Francisco Delgado de la Flor, fuera de sus facultades. Situación irregular y al margen de la Ley.
La controversia está dada, la verdad se sostiene en Leyes que el Estado es responsable de administrar correctamente y mediante ellas servir adecuadamente el desarrollo de la sociedad peruana. Las instituciones que conducen los Poderes públicos tienen en sus manos la gran responsabilidad de zanjar de una vez por todas las diferencias que mantienen en el limbo la salud social en Loreto y para que se pongan en marcha estas definiciones lo que se debe hacer es solamente revisar lo que está normado y aplicar sin miramientos de complacencia política ni amiguismos.
Sin embargo está aplicación de la normatividad vigente, no debe ser cuestión de solución del problema simplemente sino que seguir con una profilaxia que deje fuera del camino a quienes alentados por fortalecer sus intereses particulares de todo tipo, siguen alimentando instituciones públicas con corrupción desde la ANR o cualquier Poder del Estado.
Lo cierto en todo esto, que frente a la confusión que genera esta controversia, la UPI necesita sanear su imagen para el beneficio directo de miles de jóvenes que concurren diariamente a sus aulas y de sus padres que son los que aportan económicamente en la formación académica de sus hijos. En esto, el Estado tiene un papel importante que cumplir que es el de definir este tema, actuar con la verdad y con respeto a la sociedad.