El Acuerdo de Purús es solamente el final de un primer tiempo, tal como podría contemplarse – si es que queremos utilizar la metáfora del fútbol- para dar paso a una tregua que es un espacio de camerinos. El escenario confronta a dos grupos; uno, el que sostiene la demanda ucayalina y el otro, el centralismo del Estado que defienden los gobiernos sea cual sea, y por qué no éste en particular, que podría estar atendiendo las estrategias de la banca internacional acreedora frente al caso del levantamiento de las exoneraciones y regímenes tributarios especiales. Las cosas aparentemente muestran una ventaja para los hijos de la tierra roja por los resultados con los que terminaron las conversaciones en una “primera parte”.La medida de fuerza iniciada el 26 de junio llamó la atención del país, por la serie de particularidades que traía. Algunas acciones violentas que obligaron al gobierno aprista a pronunciarse con cautela, con el propósito de no atizar el fuego ni exacerbar los ánimos, situación que hubiera empujado a mayores reacciones y seguramente contundentes de la población.
La ministra Mercedes Araoz fue comisionada por el gobierno de Alan García para dialogar con las representaciones ucayalinas. Jorge Velásquez, presidente regional; Luis Valdez, alcalde de Pucallpa, y los directivos del Frente de Defensa encabezados por Rómulo Coronado fueron las voces que explicaron la posición y argumentaron la necesidad de seguir disponiendo de las diferencias tributarias. La conversa no fue fácil y menos la conclusión primaria.
Muchos argumentos ha presentado el Ejecutivo para desvirtuar los reclamos. Estos solamente obedecen a intereses de igualar las condiciones tributarias de las regiones de la selva con el resto del país, por que así lo exige la banca internacional que reclama que el Perú se desarrolle en mejores condiciones económicas para que pueda cumplir con el pago de su deuda o someterse a nuevos créditos.
Se ha querido satanizar la protesta por la desigualdad de condiciones en que se encuentran las regiones beneficiadas con las exoneraciones tributarias en sus niveles de desarrollo. Dicen que han pasado tantos años y el atraso es evidente en los pueblos de la selva, en relación con los de otras regiones naturales. Es que es tan sencillo decir eso desde la comodidad de ciudades como Lima u otras que por ejemplo están interconectadas con la red eléctrica nacional que se abastecen de energía de las centrales hidroeléctricas donde este servicio se factura por debajo del 50 por ciento a lo que por ejemplo se paga en Pucallpa. Decir esto es seguir explicando con metáforas que para muestra de la desigualdad de condiciones “basta este botón”
Las demandas ucayalinas se ubican bien y son justas, son necesarias y no deben quedar en el análisis superficial sino que en un estudio menos cómodo, más audaz para dar paso a la aplicación de normas que potencien el crecimiento de los pueblos menos favorecidos por sus servicios públicos (que son más caros). La construcción del tramo faltante de la carretera es importante y es necesario, es un paso pero no todo el camino necesario que hay recorrer para el crecimiento que necesitan los peruanos de esta parte del país.
Las exoneraciones tributarias son de necesidad social y su eliminación puede ser grave para la salud de la economía de la población. Hoy en Pucallpa muchos productos tienen el mismo precio, y a veces más barato, que los que se adquieren en la costa del país, por que no tienen la aplicación del impuesto general a las ventas, que en un eventual acotamiento elevaría los precios de los productos en general en un 19 por ciento.
Sobre este tema, el ministro de Economía, Luis Carranza muy suelto de huesos dijo que la decisión de eliminar las exoneraciones tributarias a Ucayali es “una medida valiente del gobierno” que favorece a la mayoría de la población, por lo que están dispuestos a asumir “el costo político” que esto implica. Esto me parece una frescura de su parte y que lo dice sin mesura ni respeto a los números, que son necesarios consultar. Esto ya está explicado en el párrafo anterior, pero sin embargo agregamos que si se eliminan las exoneraciones, la harina de trigo –por hablar de un solo producto- insumo para la preparación del pan corriente elevaría su precio, hecho que gravita sustancialmente en la estructura de costos de este producto de primera necesidad.
El Ejecutivo se defiende con mil palabras, acusa a unos pocos de beneficiarse con las exoneraciones en desmedro de los muchos y en contra de la protesta, el premier dijo que no se dejarán (el gobierno) poner ninguna camisa de fuerza, pero a continuación se mide en su verbo para razonar al lado de los pucallpinos y sugerir que se evalúa el levantamiento del estado de emergencia que se decretara ante el anuncio de la huelga en la Región Ucayali.
Aplaudidos por el contendor terminaron el primer tiempo. Ucayali sigue adelante en el marcador. Así se fueron a la tregua de diez días donde los técnicos de ambos equipos evalúan sus estrategias para el reinicio del “encuentro”. La huelga dejó agotada a la población. Es que también fueron diez días de resistencia en la que por todos los flancos sintieron la cerrada defensa ucayalina. En Iquitos se desabastecieron de alimentos y otros productos, todas las entradas se bloquearon, pero valió la pena esta medida de fuerza.
Hasta el momento gana Pucallpa, pero hay que cuidar la ventaja, es una lucha donde los “goles” son dinero de familia, tributos, trabajo y es un crecimiento sostenido de un pueblo que esta vez está luchando, sino como lo fue en el “pucallpazo” de hace muchos años como me comentara alguna vez el insigne periodista y luchador pucallpino Raúl Zevallos, pero si bastante ha hecho para merecerse esa ventaja en la “contienda”.
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